La oposición consideraba que favorecía solo a seguidores del actual Gobierno.
La Asamblea Legislativa Plurinacional (Parlamento) de Bolivia dejó hoy sin efecto, por unanimidad, un decreto del presidente Luis Arce que indultaba a los detenidos durante las protestas que siguieron a las elecciones y al golpe de 2019, condenados durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez, una norma que era cuestionada por la oposición y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El pleno de la Asamblea aprobó por unanimidad el decreto 4571 que, a la vez, suspende el presidencial 4461 de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos.
“Han declarado ‘suficiente discusión’ totalmente avergonzados de manera vertiginosa porque les da vergüenza abrogar su propio decreto de impunidad”, afirmó el jefe de bloque de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón.
La bancada opositora criticó que el MAS votara esa moción de “suficiente discusión” para cerrar el debate y pasar a la votación.
En agosto, el GIEI, que emitió un informe sobre los hechos de violencia de 2019, cuestionó en sus observaciones esa iniciativa y Arce prometió derogarla.
El decreto, dijo el grupo independiente, “puede interferir negativamente en la obtención de la verdad y la promoción de justicia”.
“Un perpetrador de graves violaciones de los derechos humanos puede ser sometido a un proceso que vulnere sus garantías constitucionales. Según la redacción del Decreto Supremo, dicho perpetrador estaría ahora potencialmente protegido por la amnistía”, alertó entonces el GIEI, según el sitio del diario Página Siete y la red Erbol.
Publicado en febrero pasado, el decreto concedía “el beneficio de indulto a las personas con sentencia condenatoria ejecutoriada que a la fecha de publicación del presente Decreto Presidencial, no se enmarquen en las exclusiones establecidas” en el artículo 9 y que cumplieran ciertas condiciones.
Entre ellas se señalaba a quienes tuvieran “sentencia condenatoria ejecutoriada, por procesos penales iniciados durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020″.
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