La Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, confirmó por mayoría el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez, para comenzar a cubrir los casi $685.000 millones por los que deben responder todos los condenados en Vialidad, causa por la que la expresidenta cumple en su casa una pena de seis años de prisión.
La decisión la tomó este viernes la Sala IV de la Casación, al rechazar todos los recursos presentados por las defensas y ratificar lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 2 en 2022.
En junio del año pasado, la Corte Suprema dejó firme aquel fallo -lo que habilitó la ejecución de las penas-, pero el decomiso entró en un sendero de apelaciones que llevó a esta parte de la condena hasta las puertas de la Casación. Es lo único que restaba ejecutar.
El decomiso abarca un total de 111 inmuebles: 84 son del empresario Báez, el principal beneficiario del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz; 19 son propiedad de Máximo y Florencia Kirchner, incluido el complejo “Hotel Los Sauces”; y uno solo de la expresidenta, un terreno en el Calafate de más de 6000 metros cuadrados, que fue adquirido en 2007.
Si estos bienes resultan insuficientes para cubrir el monto total la Justicia procederá contra el patrimonio de los demás condenados: el exsecretario de Obras Públicas, José López, y los exfuncionarios de Vialidad, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.
En sus presentaciones, las defensas apuntaron a limitar el alcance del decomiso, cuestionando la inclusión de bienes sin “trazabilidad directa” con el delito.
La expresidenta, en particular, intentó poner a resguardo dos inmuebles y 10 departamentos en Río Gallegos, y una serie de terrenos en Lago Argentino, también en Santa Cruz, todas propiedades que fueron cedidas a sus hijos, que no forman parte del proceso.
Los 10 departamentos están ubicados sobre la calle Mitre al 500 y fueron adquiridos originalmente en 2007. En la misma ciudad se incluyen una vivienda situada en 25 de Mayo al 200, incorporada en 2010, y otra sobre la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, sumada en 2006.
Pero la estrategia de la expresidenta para aislar esas propiedades quedó enterrada hoy con los votos de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes, en línea con el dictamen del fiscal Mario Villar, se opusieron. El primero marcó que el decomiso no puede quedar en una “declaración abstracta”, sino que debe traducirse en una “recuperación real y efectiva” de los activos provenientes del delito.
“La pena solo adquiere plena eficacia institucional si se traduce también en la neutralización concreta del beneficio económico obtenido mediante el delito”, sostuvo Hornos, que recibió el respaldo de su colega Barroetaveña.
Respecto del planteo de la expresidenta sobre los bienes de sus hijos, señalaron los jueces que en los delitos de corrupción complejos no se puede exigir una “trazabilidad lineal” del dinero ilícito y basta con probar una vinculación económica razonable.
Destacaron también que no es una pena contra Máximo y Florencia Kirchner en particular, sino una medida “restaurativa del patrimonio estatal”. “El decomiso no persigue castigar a los actuales titulares, sino recuperar para el Estado aquellos bienes cuya causa jurídica se encuentra afectada por su vinculación con el delito ya juzgado”, marcaron los jueces.
El juez Mariano Borinsky, en tanto, tuvo una interpretación distinta, con la que se hizo eco parcial del planteo de la expresidenta. Sostuvo que no estaba suficientemente probado que ciertos bienes provengan del delito y propuso así excluir del decomiso los bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner.
Destacó que la medida alcanza a bienes adquiridos con anterioridad al 23 de abril de 2004, fecha fijada por el tribunal para comenzar a evaluar bienes decomisables.
La medida alcanza, a su vez, a bienes de las empresas de Báez, como su firma insignia, Austral Construcciones, y otras.
El plazo para que los condenados respondieran en conjunto y de “forma solidaria” por el monto actualizado que dispuso el TOF 2 venció el 13 de agosto del año pasado, pero las partes apelaron y el decomiso quedó empantanado hasta la resolución de este viernes que ordena su ejecución.
