Una comisión legislativa, en una resolución derivada de una investigación de las masacres políticas ocurridas en los primeros días de la gestión de Áñez, recomendó a la Fiscalía iniciar juicio de responsabilidades en su contra por genocidio.
Una comisión del Parlamento boliviano convocó con carácter de urgencia al fiscal general, Juan Lanchipa, para que explique su inacción ante la demanda para enjuiciar a la expresidenta de facto Jeanine Añez (2019-2020) por delitos de lesa humanidad cuando ordenó reprimir las manifestantes en contra el golpe de Estado que depuso a Evo Morales en 2019.
Esas acciones ordenadas por el gobierno de facto de Áñez se recuerdan como las masacres de Sacaba y Senkata, las localidades en donde fue más fuerte la represión y donde se registraron 30 muertos y numerosos heridos.
“Hemos enviado una petición de informe escrito y no hay respuesta; entonces se aprobó que el fiscal va a venir a dar su informe oral ante la comisión sobre el tema de proceso del juicio”, dijo a reporteros el presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Andrés Flores.
El legislador, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), que tiene mayoría parlamentaria, lamentó que Lanchipa “debe actuar de oficio pero no hizo nada” para avanzar en el proceso contra Áñez, ignorando una recomendación aprobada por el Parlamento en octubre del año pasado.
El Parlamento, en una resolución derivada de una investigación de las masacres políticas ocurridas en los primeros días de la gestión de Áñez, en noviembre de 2019, recomendó a la Fiscalía “iniciar juicio de responsabilidades en su contra por la comisión de hechos ilícitos identificados”, entre ellos genocidio.
El argumento principal de la resolución parlamentaria contra Áñez es un decreto que ordenó la incorporación de los militares en tareas de represión, liberándolos anticipadamente de eventuales responsabilidades penales.
La resolución parlamentaria de octubre pasado recomendó también juicio ordinarios contra exministros y exjefes militares y policiales responsables de la represión que dejó 30 manifestantes muertos que protestaban contra el golpe de Estado que derribó al Gobierno de Evo Morales (2006-2019).
Flores dijo que la Comisión de Justicia programó para el próximo martes el informe de Lanchipa, “con carácter de urgencia porque el tema se está dilatando innecesariamente” y en respuesta a una reciente declaración del fiscal general que reveló que el proceso contra Áñez no había arrancado.
El diputado señaló que la convocatoria fue decidida porque el grupo parlamentario tenía informes de avances en las gestiones iniciales de juicios contra varios miembros del Gobierno transitorio de Áñez pero no contra ella, quien fracasó en su intento de ser electa gobernadora regional en los comicios del pasado domingo.
“El pueblo pide justicia y el Parlamento espera que su recomendación de juicio de responsabilidades sea atendida”, añadió Flores, citado por medios locales y las agencias de noticias Sputnik y Novosti.
El fiscal dijo el domingo pasado que no había considerado iniciar el juicio contra Áñez porque la recomendación del Parlamento no era formalmente una “proposición acusatoria”, como exigen las normas vigentes para esa clase de proceso.
Explicó que tras recibir una proposición acusatoria, que podría originarse en el mismo Parlamento, la Fiscalía emitiría un dictamen aprobando o rechazando el proceso.
En caso afirmativo, el eventual juicio planteado por la Fiscalía debería ser aprobado por dos tercios de votos por el Parlamento y remitido al Tribunal Supremo de Justicia, que fallaría en única instancia.
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